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martes, agosto 11, 2020

SCJN resuelve reubicación de Testigos de Jehová, en Jalisco

  • Pertenecen a la comunidad Wixarica

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Redacción
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JALISCO

Dos temas de sumo interés fueron resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la sesión que se efectuó el pasado miércoles 08 de julio, en la Segunda Sala, ambos relacionados con la expulsión de miembros de comunidades indígenas; uno del vecino estado de Jalisco y el otro de Oaxaca.

En el primer de los casos -Amparo en Revisión 1041/2019-, se conoció que unas personas indígenas pertenecientes a una comunidad huchola de Jalisco, fueron expulsadas de la misma por negarse a llevar a cabo sus prácticas y costumbres, argumentando que era así porque ello iba en contra de su religión, específicamente Testigos de Jehová. 

Al hacer un análisis de la situación, La Segunda Sala decidió que, si bien las comunidades tenían derecho a expulsarlos para proteger su cultura, religión y subsistencia como comunidad diferenciada, ello no puede llegar al extremo de sacarlos del territorio de la comunidad, “pues eso vulneraría su derecho al mínimo vital, dejándolos sin una vivienda digna, pertenencias, y medios de subsistencia”.

Por el otro lado, en el Amparo en Revisión 777/2019, una familia fue expulsada de una comunidad indígena en Oaxaca por denunciar ante la autoridad estatal el cobro por parte de personas de dicha comunidad de aportaciones monetarias para el programa Solidaridad. 

En ese otro caso, la Segunda Sala decidió que la expulsión se llevó a cabo de manera arbitraría y que esa falta de legalidad no encuentra justificación frente al derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas.

En ambos casos, se decidió que las personas tienen que ser reintegradas al territorio de su comunidad, aunque en el primer caso únicamente a efectos de que se les reubique en otro predio de la misma, pues es legítimo que se les quiten sus derechos y obligaciones como miembros de ésta, al no compartir ya un elemento esencial: su religión. 

Asimismo, se ordena a las autoridades estatales correspondientes para que en el ámbito de sus competencias garanticen la seguridad e integridad de las personas en su reintegración al territorio de las comunidades.

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